La Plaza San Martín de Lima se convirtió en el escenario de una impresionante manifestación que reunió a más de 50,000 personas, quienes salieron a las calles para expresar su contundente rechazo a la iniciativa de unión civil entre personas del mismo sexo, recientemente aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso. Bajo el lema “Marcha por la Vida y la Familia”, los asistentes, en su mayoría familias completas, llevaron pasacalles y banderolas que destacaban los colores celeste y rosado, simbolizando su defensa a la figura tradicional del matrimonio.

Entre los líderes presentes, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, declaró: “El Perú es un país pro vida y pro familia. No permitiremos leyes que desnaturalicen la familia ni que pretendan modificar la Constitución de forma encubierta”. Sus palabras resonaron entre la multitud, que clamaba por mantener los valores familiares tradicionales.

La parlamentaria Milagros Aguayo también se pronunció firmemente en contra de la propuesta, enfatizando que “El Perú no debe someterse a agendas internacionales”. Fue evidente que la manifestación servía como un llamado a la acción y una muestra del descontento popular hacia una legislación que muchos consideran amenazante para la estructura familiar tradicional.

Los organizadores de la marcha mostraron su preocupación de que la aprobación de este proyecto pudiera abrir la puerta a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, así como a otros cambios legales que impactarían directamente en la concepción clásica de la familia. Con el pleno del Congreso próximo a debatir la cuestión, los manifestantes dejaron claro que están dispuestos a luchar por lo que consideran un pilar fundamental en la sociedad peruana.

En conclusión, la masiva participación en esta marcha no solo refleja la opinión de aquellos que abogan por la vida y la familia, sino que también envía un mensaje claro a los legisladores: el pueblo peruano está alerta y dispuesto a defender sus valores fundamentales ante cualquier intento de cambio legislativo que consideren perjudicial.